
El club Artigas SAD, representante del departamento de Artigas en la Segunda División Profesional de la AUF, oficializó la incorporación del exintendente Pablo Caram como su delegado oficial. La institución valoró su rol clave como defensor social del proyecto y su apoyo durante su gestión como jefe comunal.
El presidente del club, Rafael Monge, destacó el respaldo constante que Pablo Caram brindó al proyecto desde sus orígenes. “Caram fue un pilar fundamental para que el sueño de llevar un equipo de fútbol artiguense al profesionalismo se hiciera realidad”, afirmó Monge.
Además, resaltó la activa participación del exintendente como “principal defensor social” de la institución, acompañando y promoviendo la iniciativa en todo momento.
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Pablo Caram comenzará a desempeñar sus funciones en las próximas horas, asumiendo la responsabilidad de representar al club a nivel nacional. Trabajará activamente para defender y promover el fútbol del departamento de Artigas en el ámbito profesional.
Actualmente, Artigas SAD compite en la Segunda División Profesional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
La condena a Caram por horas extras en Artigas
En julio de 2024, el entonces intendente de Artigas, Pablo Caram, fue condenado por omisión de denunciar irregularidades en el pago de horas extras en la administración municipal. Caram aceptó un acuerdo abreviado con la Fiscalía, que le impuso 14 meses de prisión sustituidos por libertad a prueba, con cuatro meses de tareas comunitarias de dos horas semanales. No fue inhabilitado para ejercer cargos públicos ni multado, ya que el delito no lo contempla.
Su primo, Rodolfo Caram, y la pareja de este, Stefany Severo, también fueron condenados por fraude y pago irregular de horas extras; recibieron penas similares con inhabilitación por cinco años y multas que superan los US$ 40 mil. Severo fue señalada, junto a la exdiputada Valentina Dos Santos, por ordenar pagos de horas extras sin justificación, con pruebas documentales y audios.
El escándalo comenzó tras una denuncia de ediles en marzo de 2023, motivada por recibos salariales que mostraban pagos millonarios por horas extras y feriados. Aunque inicialmente la intendencia defendió la legalidad de los pagos, la investigación culminó con condenas y sanciones para varios funcionarios involucrados.
Noticia rastreada 22 de mayo 2025 - 21:15 CET @bostero.dev